Quién se aprovecha de la vulnerabilidad de sus protegidos

Posted on 4.diciembre.2009

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«¡Ah, qué rechinar de puertas, parece carpintería!».

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/22/trabajadores-por-outsourcing-en-la-secretaria-del-trabajo/

Trabajadores por outsourcing en la Secretaría del Trabajo
Mayela Sánchez

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha recurrido al esquema de tercerización, conocido como outsourcing, para contratar servicios de personal externo en las áreas de mantenimiento, limpieza, vigilancia, monitoreo de medios y servicios de informática. Con ello, la dependencia encargada de salvaguardar los derechos de los trabajadores incurre en una práctica que atenta contra los principios de tutela del trabajo.

En mi discurrir profesional he trabajado en tres maquiladoras, experiencia que me hizo comprender lo que la “subcontratación” significa. Dicha práctica, según mi ponderación, tomó auge en el último lustro. “Subcontratación” es el término como los empleados en mi región nos referimos a la contratación temporal y por medio de un intermediario. Ese fenómeno es una treta (supuestamente) legal usada por algunos patrones para deshacerse de los derechos que los obreros se han ganado en eventos históricos, más de uno sangriento. El Artículo 123, tan recitado en las letanías políticas como baluarte del proletario de pronto se ve convertido en espada roma. ¿Dónde quedaron los derechos que da la antigüedad laboral si el último de un cúmulo de documentos firmados por un trabajador subcontratado constata que él sólo ha laborado unos meses para su patrón en turno? Cuán injusto que un grupo de empresarios hayan encontrado cómo lucrar con la remoción de los derechos de los obreros y, quizás lo peor, que nuestras autoridades lo soslayen. El artículo, tema de estas reflexiones, me indignó en lo particular porque me hace ver que nuestro gobierno no sólo tolera el abuso escondido tras los contratos temporales y las agencias de reclutamiento, sino que echa mano de ellas para, como un patrón irresponsable, desligarse de sus obligaciones hacia sus trabajadores.

Habrá que recordarles a nuestros líderes políticos que es trivial honrar a la Revolución con adornos y cohetes, lo relevante es conservar y revitalizar sus preceptos de justicia social.

Reanudo mi análisis del artículo en Contralínea.

La reportera entrevista a una trabajadora, vivo ejemplo de la sumisión obrera ante los pudientes, no se queja, agradece los pocos pesos que ponen en su palma a cambio de un jornal que le consume sus días.

Historias como ésta son cada vez más comunes debido a que la contratación de personal externo se ha vuelto una práctica recurrente en el país. Aunque se ha señalado que atenta contra el trabajo digno, la estabilidad laboral, la participación en el reparto de utilidades, la seguridad social y la organización de los trabajadores, las autoridades laborales no sancionan ni a las empresas que proveen servicios de personal ni a las empresas que los contratan. Por el contrario, se alienta esta práctica al considerarla un mecanismo de creación de empleos, incluso hay dependencias públicas que se han servido de este esquema de contratación vejatorio de los derechos laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es una de ellas.

Servicios de limpieza, atención telefónica y mantenimiento se encuentran entre los servicios que la dependencia a cargo de Javier Lozano Alarcón ha subcontratado. También ha optado por el esquema de tercerización (u outsourcing) para allegarse personal que preste servicios de informática, soporte técnico e incluso para la seguridad y vigilancia de sus oficinas.

Aquí lo que decía, el Artículo 123 es ahora un componente retórico en lugar de un baluarte de los trabajadores:

El artículo 123 constitucional dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno, a la estabilidad en el trabajo, a una jornada laboral máxima, a recibir un salario igual por un trabajo igual, a participar en el reparto de utilidades, a organizarse con los demás trabajadores y a ser protegido por la seguridad social. Estas garantías también están respaldadas por la Ley Federal del Trabajo.

Pero en los hechos estas prerrogativas se trastocan debido a la falta de regulación de las empresas tercerizadoras, afirma Francisco Retama, asesor de los sindicatos de Industria Vidriera del Potosí y General Tire de México…

Retama también considera que hay una violación al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el trabajo como “un derecho y deber sociales, no un artículo de comercio”, ya que las empresas outsourcing conciben al trabajo como “una mercancía más con la que se puede lucrar”.

El profesor Manuel Fuentes, del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, [dice que] las compañías tercerizadoras en realidad “se dedican a rentar trabajadores”.

Este es un punto de vista de Matteo Dean, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS):

El investigador sugiere que este crecimiento de la tercerización se debe a que es conveniente para las empresas beneficiarias, pues quedan exentas de toda responsabilidad con los trabajadores, lo que implica no sólo una reducción en sus costos de nómina, sino también una liberación de los problemas laborales que se deriven.

Dice el reportaje que los especialistas señalan que «el principio de igualdad salarial no se cumple toda vez que los trabajadores externos reciben un salario inferior al que tendrían si estuvieran contratados por la empresa beneficiaria». Dicho señalamiento es importante pues ilumina la característica fundamental del negocio de las agencias intermediarias: retienen una parte del sueldo del trabajador como parte de su estrategia lucrativa; es algo así como la comisión que le cobran al trabajador por colocarlo, manejarlo y representarlo. En este momento recuerdo una anotación que hice hace días acerca de la plusvalía o plusvalor [1]; según la definición ahí expuesta, es el delta entre el valor real producido por un trabajador y lo que en cambio se le remunera, en otras palabras, la ganancia producida por un obrero pero que se queda en manos de su patrón. Sujetándome a ello, me doy cuenta de que las empresas intermediarias hacen que su cliente comparta con ellos parte de la plusvalía producida por los trabajadores ofrecidos en calidad de renta; al tenerse que dividir la plusvalía de un único trabajador entre dos o más patrones, la puerta abierta que encuentran los empresarios es recortar el sueldo de sus asalariados… Injusto pero práctico. A este tipo de pragmatismo sólo una vigilancia estricta, responsable y equitativa de la ley lo pone a raya.

Al menos un legislador ya apuntó en su agenda normar la subcontratación:

En septiembre de 2008, el diputado perredista Francisco Javier Calzada Vázquez presentó una iniciativa de ley para regular la subcontratación en el ámbito público.

Aún así se quedó corto, debió haber propuesto su regulación también en el sector privado puesto que uno de sus argumentos, el que pongo a continuación, de ninguna manera está circunscrito sólo a las instituciones oficiales:

El diputado también afirmó que de este modo el Estado se vuelve “promotor y cómplice” de la triangulación de las relaciones laborales en el ámbito privado, y en lugar de “fomentar el empleo digno, lo reduce a la nada y apoya la expansión de la precariedad y la informalidad”.

Otro pronunciamiento del investigador Matteo Dean:

Respecto de la pertinencia de que la administración pública recurra a la tercerización de personal, el investigador de CILAS considera “absurdo que el Estado aproveche las lagunas en la ley para ahorrar”.

En suma, nuestro gobierno no sólo tolera la subcontratación, sino que la usa y, de acuerdo a los siguientes párrafos, la impulsa:

Dean, quien se ha dedicado seis años a estudiar el tema del outsourcing, señaló que este fenómeno “ha recibido y sigue recibiendo particular atención por parte de los gobiernos mexicanos”, y refiere al Sistema para la Subcontratación Industrial (SSI), de la Secretaría de Economía, como el programa de “fomento del outsourcing a nivel nacional”.

“Es evidente entonces que el proceso en análisis no sólo es vigilado por el gobierno, sino que es fomentado por él mismo como estrategia de política económica”, afirmó Dean en el texto Tercerización y subcontratación en México, que data de 2007.

La conclusión del asesor sindical Francisco Retama es que se trata de “una política de Estado, para que opere libremente y cumpla con la labor que tiene planteada…

Después de digerir este reportaje, ¿alguien puede afirmar que el gobierno mexicano respeta a los trabajadores y procura su bienestar?

Notas:

  1. https://deshollinador.wordpress.com/2009/11/18/plusvalia-y-unas-ecuaciones-sobre-la-explotacion/
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Posted in: Noticias